martes, 22 de septiembre de 2020

Regulación del teletrabajo en España

Fuente de la imagen: Albinacat en pixabay
(mvc, Málaga, España). Informa el Ministerio de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España (MTyES), de la aprobación de un Real Decreto Ley (RDL), que regulará el trabajo a distancia en mi país, norma fruto del acuerdo del Diálogo Social, y que, según el Ministerio, sitúa a España en la vanguardia del marco europeo en la regulación de una forma de organización del trabajo cuyo protagonismo se ha revelado esencial durante la crisis económica y social provocada por la pandemia de la Covid 19. El RDL otorga a las personas trabajadoras a distancia los mismos derechos que las que ejercen sus actividades en los locales de la empresa y se fundamenta en la voluntariedad y el acuerdo de personas trabajadoras y personas empleadoras. Se define el trabajo a distancia regular como aquel que se preste, en un periodo de referencia de tres meses, un mínimo del 30% de la jornada o el porcentaje proporcional equivalente en función de la duración del contrato de trabajo.

El RDL se basa en la voluntariedad para la persona trabajadora y para la empleadora, requiriendo la firma del acuerdo por escrito de trabajo a distancia, registrándose en la oficina de empleo y entregándose a la representación legal de las personas trabajadoras. La negativa de la persona trabajadora a trabajar a distancia, el ejercicio de la reversibilidad al trabajo presencial y las dificultades para el desarrollo adecuado de la actividad laboral a distancia, que estén exclusivamente relacionadas con el cambio de una prestación presencial a otra que incluya trabajo a distancia, no serán causas justificativas de la extinción de la relación laboral ni de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Existen remisiones expresas como la regulación del ejercicio de la reversibilidad[1] por las partes, el derecho a la desconexión, la identificación de los puestos de trabajo y funciones susceptibles de ser realizados a través del trabajo a distancia, las condiciones de acceso y desarrollo de la actividad laboral, una duración máxima del trabajo a distancia y otros contenidos adicionales. 

Apunta el MTyES que el texto contempla los principales derechos de los trabajadores a distancia, tales como el derecho al abono y compensación de gastos. La persona trabajadora no asumirá ningún gasto relacionado con los equipos, herramientas, medios y consumibles vinculados al desarrollo de su actividad laboral[2]. Además, la persona que desarrolla trabajo a distancia podrá flexibilizar el horario de prestación de servicios en los términos establecidos en el acuerdo de trabajo a distancia y la negociación colectiva[3], la cual establecerá la forma de compensación de los gastos derivados de esta forma de trabajo a distancia. Se regula, así mismo, el derecho al registro horario adecuado, que deberá incluir el momento de inicio y finalización de la jornada; y el derecho a la prevención de riesgos laborales, una evaluación de riesgos que deberá tener en cuenta los riesgos característicos de esta modalidad de trabajo, en especial factores psicosociales, ergonómicos y organizativos[4]. Fuente de la información: MTyES.  Fuente de la imagen: Albinecat en pixabay.
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[1] Vuelta al trabajo presencial tras acordar el trabajo a distancia. 
[2] La utilización de los medios telemáticos y el control de la prestación laboral mediante dispositivos automáticos garantizará derecho a la intimidad y a la protección de datos, así como el derecho a la desconexión digital fuera de su horario de trabajo. 
[3] El trabajo a distancia, implantado excepcionalmente por la emergencia sanitaria, también obliga a las empresas a dotar de medios, equipos y herramientas, así como al mantenimiento.
[4] La ley no será de aplicación al personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas, que se regirá por su normativa específica. Hasta que se apruebe esa normativa específica, se mantendrá en vigor para el personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas lo previsto por el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores.