En mentideros (no sé si de buena o mala tinta) se comenta que algunas
administraciones públicas están pasando de los informes de auditoría externa
porque esos profesionales, fedatarios públicos de la aplicación correcta de las
subvenciones conforme a la normativa legal aplicable, firman en barbecho sin
realmente verificar la bondad del cien por ciento de los gastos imputados y de
los pagos correspondientes, además del resto del numeroso condicionado a
comprobar, desde presupuestos alternativos, licitaciones, hasta el espinoso
tema de las vinculaciones y subcontrataciones. Deseo que eso no sea cierto y si fuera verdad ¿Por qué no
se les exige responsabilidad?
En relación a este tema, hace un año y pico le trasladaba a
un buen técnico de una delegación provincial, que en vez de revisar de nuevo todo el
expediente de justificación, pasando del informe de auditoría, por qué no se le
exigía responsabilidad al gestor y se dejaba de cargar contra la entidad
solicitante. En mi ámbito de relaciones profesionales, conozco auditores que sabían bastante del sector de la formación y las técnicas y normativa de verificación; a su vez, eran respetados por su cualificación
y conocimiento, pero poco a poco, debido a su alta profesionalidad en la
revisión y escrupulosidad en la redacción
de los informes, unido a la competencia desleal, guerra de precios y puñaladas
traperas, se vieron abocados a poner tierra de por medio y centrarse solo en aquellas entidades beneficiarias que no se vendían por un plato de lentejas.
Dejando a un lado la presunta publicidad engañosa de aquellos
otros que se promocionan a bombo y platillo como “gestores integrales de los
expedientes de subvención”, controlando desde la justificación hasta la auditoría (por la incompatibilidad de la gestión con la
verificación) y la presunta connivencia de algunas entidades verificadoras, que
olvidan que la auditoría siempre debe ser independiente de la gestión, como le
decía hace dos años a un auditor, entendía las decisiones de las organizaciones
solicitantes a la hora de contratar la auditoría, porque si la empresa realiza
bien su trabajo, desde la parte técnica a la parte de justificación, en el
fondo le da igual quien verifique el expediente, ya que sabe que éste estará
bien, así que si le ofrecen el informe cien euros más barato, pues elegirá la
oferta menos costosa. Por la misma regla, el centro que vaya a defraudar, le
interesará que el informe vaya firmado por aquél que no compruebe nada y se
arriesgue a firmar en erial o en rastrojo, es decir, sin hacer el trabajo de
verificación conforme a la guía de justificación y resto de leyes aplicables.
Y luego está que una revisión de un expediente de subvención
de un curso de formación para el empleo no es cualquier cosa. Todavía hay
algunos profesionales que piensan que con la realización de un muestreo es
suficiente. No más lejos de la realidad. Para la confección del informe de
verificación, hay que revisar el cien por ciento de los costes, así como sus
respectivos pagos, cuenta justificativa, memoria económica y un largo etcétera
de requisitos y obligaciones (fiscales, contabilidad separada, …). El
profesional que quiera hacer el trabajo de verificación, sencillamente, de
manera profesional, en mi opinión difícilmente es retribuido adecuadamente con
ese uno por ciento (impuestos incluidos), máximo como coste elegible para
auditoría en algunas subvenciones.
Por todo lo anterior, al igual que a ti, me surgen muchas
preguntas y una reflexión global: “de esos polvos estos lodos”. Probablemente
esté pidiendo la luna, pero sería bueno para la regeneración del sistema que se
investigara todo lo que denuncia la periodista; sería bueno que se verificara
el trabajo de los verificadores, espulgando a aquellos individuos que realizan
el trabajo “de aquella manera”, expedientando y denunciando a los chapuceros y
a sus estructuras organizativas fraudulentas, sería bueno … (escribe tú el
siguiente sueño, es gratis). Fuente de la imagen: sxc.hu. Este texto también se ha publicado en el "Blog de Manuel", bajo el título "Sería bueno".
