Ya en los postres le trasladé el rumor que circula por la administración
pública y que me había llegado por distintas vías, sobre que estaban mirando
con lupa el trabajo de los auditores que verifican la justificación económica
de subvenciones ejecutadas. Cual fue mi sorpresa cuando ambos me respondieron
que eso es lo que se tenía que haber hecho mucho antes.
Su cabreo se debe a que existen verificadores de
justificaciones que “firman en barbecho”, es decir, presuntamente no realizan
el trabajo de cotejo del cien por ciento de las facturas y de sus pagos, no estudiando detenidamente las memorias económicas y técnicas ni analizando la
razonabilidad, idoneidad y, por derivación, elegibilidad de los gastos imputados. Y para más inri, en ocasiones tiran los precios.
Claro. El auditor o auditora que "realiza su trabajo" y cumple con el procedimiento,
soporta una competencia que no es desleal sino fraudalenta, de esos
mercenarios que al abrigo de sus pseudosociedades de consultoría
interpuestas, puestos institucionales de representación y lobbies de presión, “comercian” los
servicios de verificación de subvenciones con descaro, intrusismo y hachazos limpios, ofreciendo y vendiendo por lo bajini informes impolutos.
Por eso, mis contertulios se alegraron de que al menos el
funcionario o funcionaria de turno de una vez por todas dedicara tiempo a comprobar
la bondad de esas verificaciones, denunciando ante los organismos controladores
a esos presuntos advenedizos o temporeros, tapados intermediarios sin ninguna
responsabilidad, y expedientando a aquellas entidades solicitantes que se venden
por un plato de lentejas. Esperan que en este desbarajuste se cumpla el refranero “Se acabó lo que
se daba” y queden los que verdaderamente hacen la verificación conforme a la normativa de aplicación y de forma proactiva (Fuente de la imagen: sxc.hu).