Integración social como garantía de inclusión

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La integración social de las personas inmigrantes en España es una causa política que busca garantizar la inclusión y el bienestar de las personas extranjeras en la sociedad. Este asunto nacional se basa en varios elementos clave que facilitan la adaptación y la participación activa de estas personas en la vida social, económica y cultural del país. Uno de los elementos básicos de la integración social es el acceso a derechos fundamentales, como la educación, la vivienda y la salud. La legislación establece que los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a los sistemas públicos de ayudas en materia de vivienda y a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social en las mismas condiciones que los ciudadanos españoles, lo que es crucial para asegurar que las personas inmigrantes puedan satisfacer sus necesidades básicas y contribuir a la sociedad. Otro aspecto importante es la promoción de la igualdad de oportunidades. La normativa establece que las personas extranjeras gozarán de los derechos y libertades reconocidos en la CE, lo que implica que deben ser tratadas en condiciones de igualdad con los españoles, lo que incluye el derecho al trabajo, donde los inmigrantes pueden ejercer actividades remuneradas y acceder al empleo público bajo las mismas condiciones que los nacionales. La colaboración entre diferentes niveles del Poder Ejecutivo también es esencial para la integración social. La Administración General del Estado (AGE), las Comunidades Autónomas (CCAA) y las Corporaciones Locales (CCLL) deben coordinar sus acciones en este ámbito, tomando como referencia planes de integración que se adapten a las necesidades de las comunidades locales. Esta colaboración permite la implementación de programas de acción que refuercen la integración social de los inmigrantes, financiados a través de un fondo estatal específico. Finalmente, la educación y la formación son pilares fundamentales para la integración. La escolarización de la infancia inmigrante es un requisito para la renovación de sus autorizaciones de residencia, lo que subraya la importancia de la educación en el proceso de integración. Igualmente, programas de formación y capacitación laboral pueden facilitar la inserción de los inmigrantes en el mercado de trabajo, promoviendo su autonomía y desarrollo personal. 

En síntesis, la integración social la inmigración en España se sustenta en el acceso a derechos fundamentales, la promoción de la igualdad de oportunidades, la colaboración entre administraciones y la educación. Estos elementos son esenciales para construir una sociedad inclusiva y cohesionada, donde todos los individuos, independientemente de su origen, puedan contribuir y beneficiarse del desarrollo social y económico del país. El acceso a los derechos fundamentales (DDFF) es un pilar fundamental en la construcción de una sociedad inclusiva y justa. En el caso de las personas extranjeras residentes en España, este acceso se encuentra garantizado por la Constitución Española y por diversos tratados internacionales. Pero, en la práctica, existen obstáculos que impiden a estas personas disfrutar plenamente de sus derechos. La Constitución Española (CE), establece que "los extranjeros disfrutarán en España de las libertades públicas que garantiza la Constitución, en los términos que establezcan las leyes"[1]. La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, desarrolla el principio constitucional y establece los derechos y deberes de las personas extranjeras residentes en España. Entre los DDFF y los principios rectores (PPRR), se destacan la igualdad ante la ley[2], la libertad de expresión y religión[3], el derecho a la educación[4], el derecho al trabajo[5], el derecho a la seguridad social[6], el derecho a la vivienda[7] o el derecho a la salud[8]. Entre las dificultades al Acceso a los DFF y PPRR, se encuentran el desconocimiento de los derechos[9], barreras lingüísticas[10], la discriminación[11], regularización[12] o la denuncia[13]. Entre las medidas para garantizar el acceso a DDFF se encuentran la propia del ordenamiento jurídico[14], la sensibilización social[15], el apoyo a las víctimas de discriminación[16], la simplificación de la burocracia administrativa[17] o el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil[18].

Las personas extranjeras en España gozan de una serie de derechos y libertades que están reconocidos tanto en la CE como en la legislación específica que regula su situación. Según el Título I de la Ley Orgánica que aborda los derechos y libertades de los extranjeros, se establece que estos individuos disfrutarán de los mismos derechos y libertades que los ciudadanos españoles, en condiciones de igualdad. Esto incluye el acceso a derechos fundamentales, que deben ser interpretados de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales vigentes en España. Entre los derechos más destacados se encuentra el derecho al trabajo y a la Seguridad Social. Los extranjeros residentes que cumplan con los requisitos establecidos tienen el derecho a ejercer actividades remuneradas, ya sea por cuenta propia o ajena, y a acceder al sistema de Seguridad Social, conforme a la legislación vigente. Además, aquellos que tengan menores a su cargo en edad escolar están obligados a acreditar la escolarización de éstos, lo que es un requisito para la renovación de su autorización de residencia. El ordenamiento jurídico aplicable también contempla la posibilidad de que las personas trabajadoras extranjeras que residan en zonas limítrofes y trabajen en España obtengan las autorizaciones necesarias para ejercer su actividad laboral, garantizando así su acceso a derechos de seguridad social. Asimismo, se establece que la tramitación de los procedimientos relacionados con la extranjería se realizará a través de una aplicación informática que permita un seguimiento en tiempo real de las solicitudes, asegurando la protección de datos personales. En síntesis, la legislación española garantiza a las personas extranjeras una serie de derechos y libertades que buscan asegurar su integración y bienestar en la sociedad, promoviendo un trato equitativo y justo en el ejercicio de sus DDFF.

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[1] Artículo 13 CE.

[2] Las personas extranjeras tienen derecho a ser tratadas de forma igualitaria ante la ley, sin discriminación por razón de origen nacional o racial.

[3] Las personas extranjeras pueden expresar libremente sus opiniones y creencias, siempre que respeten los derechos de los demás.

[4] Las personas extranjeras tienen derecho a acceder a la educación en las mismas condiciones que los españoles.

[5] Las personas extranjeras con autorización de residencia tienen derecho a trabajar en las mismas condiciones que los españoles.

[6] Las personas extranjeras tienen derecho a la protección de la seguridad social en los términos establecidos por el ordenamiento jurídico aplicable.

[7] Si bien no existe un derecho explícito a la vivienda, las personas extranjeras tienen derecho a vivir en condiciones dignas y saludables.

[8] Las personas extranjeras tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles.

[9] Muchas personas extranjeras desconocen sus derechos y los mecanismos para hacerlos valer.

[10] El desconocimiento del idioma español dificulta el acceso a los servicios públicos y la participación en la vida social.

[11] Las personas extranjeras a menudo son víctimas de discriminación por razón de origen nacional o racial, lo que limita su acceso a los DDFF.

[12] La situación administrativa irregular de muchos extranjeros les impide acceder a ciertos derechos, como el trabajo o la vivienda.

[13] El miedo a ser deportados o a sufrir represalias impide a muchas personas extranjeras denunciar las situaciones de discriminación o violencia que sufren.

[14] Es fundamental difundir la normativa que protege los derechos de Las personas extranjeras, utilizando un lenguaje sencillo y accesible.

[15] Se deben llevar a cabo campañas de sensibilización para combatir la discriminación y promover la convivencia intercultural.

[16] Es necesario ofrecer apoyo jurídico y psicológico a las víctimas de discriminación.

[17] Se deben simplificar los trámites administrativos para facilitar el acceso de Las personas extranjeras a los servicios públicos.

[18] Las organizaciones de la sociedad civil desempeñan un papel fundamental en la defensa de los derechos de los inmigrantes.