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(mvc, Málaga, España). Informa el Gobierno de España (GE), de la adopción de un plan de medidas excepcionales en el ámbito económico para mitigar el impacto por el COVID-19[1] que permitirá movilizar hasta 18.225 millones de euros durante este año[2]. Las medidas están alineadas con las acciones acordadas por los organismos internacionales en los últimos días, en particular la Comisión Europea (CE). En esta línea de colaboración con dichas instituciones, el GE aborda esta situación excepcional con un enfoque múltiple, que incluye el seguimiento de las recomendaciones de las autoridades sanitarias, el desarrollo de indicadores en tiempo real para registrar el posible impacto económico del COVID-19, la identificación de los posibles riesgos para empresas o sectores especialmente expuestos y la puesta en marcha de un plan de medidas para mitigar su impacto y que sean lo más limitados posibles en cuanto a su duración y alcance.
El plan adoptado intenta dar respuesta a las necesidades de las personas y las empresas derivadas del impacto económico del COVID-19, así como a las generadas por las medidas específicas de contención reforzada adoptadas por las autoridades públicas en las últimas semanas. La mayor parte de las medidas se articulan mediante un Real Decreto-ley de medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, que recoge de forma específica acciones para reforzar el sector sanitario, proteger el bienestar de las familias y apoyar a las empresas afectadas, en particular del sector turístico y las PYMEs. El tercer grupo de medidas se dirige a apoyar la actividad empresarial y, de forma especial, a los colectivos y sectores más directamente afectados por el COVID-19.
Para evitar posibles tensiones de tesorería de autónomos y pequeñas y medianas empresas, flexibiliza los aplazamientos del pago de impuestos durante un periodo de seis meses, previa solicitud, con bonificación en los tipos de interés. Esto permitirá inyectar hasta 14.000 millones de euros de liquidez. Asimismo, se dispone una línea de financiación específica a través del Instituto de Crédito Oficial por importe de 400 millones de euros para atender las necesidades de liquidez de las empresas y trabajadores autónomos del sector turístico, así como de las actividades relacionadas que se estén viendo afectadas por la actual situación. Tambien, se permite que las empresas que han recibido préstamos de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa puedan aplazar su reembolso.
Igualmente, se amplían las bonificaciones a la Seguridad Social para contratos fijos discontinuos que se realicen entre los meses de febrero y junio en los sectores de turismo, comercio y hostelería vinculados a la actividad turística. Finalmente, se ha solicitado a la Comisión Europea que permita al coordinador de slots español, AECFA, no aplicar la regla que regula el uso de slots para las próximas temporadas. Esta exención permitiría que las compañías aéreas no se vean penalizadas en el futuro por haber reducido sus vuelos en las actuales circunstancias. Fuente de la información: GE. Fuente de la imagen: Merio en pixabay.
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[1] El plan ha sido acordado a propuesta de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y de los ministerios de Hacienda, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Trabajo y Economía Social, Industria, Comercio y Turismo, Sanidad y Derechos Sociales y Agenda 2030.
[2] Estas medidas se unen a las adoptadas en materia sanitaria y de cobertura laboral en el Consejo de Ministros del 10 de marzo.
